Un repaso por uno de los hechos ocurridos dentro de la Unidad Carcelaria N° 4 de Mujeres del Penal de Villa Las Rosas, abordado por el Comité Provincial contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles Inhumanos, o degradantes.
Andrea Sztychmasjter
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) publicó recientemente un informe sobre la situación en diferentes lugares de privación de libertad en la provincia de Salta. Luego de las visitas a cárceles de varones y de mujeres, comisarías, alcaidías, centros de detención de jóvenes en conflicto con la ley penal y hospitales de salud mental.
Los hallazgos del CNPT revelan múltiples situaciones violatorias de los derechos fundamentales de las personas detenidas, que fueron constatadas durante la visita de inspección realizada entre el 26 y el 30 de septiembre pasado.
El informe señala que, en los espacios penitenciarios propiamente dichos, se advirtió una falta de adecuación a los “Estándares mínimos de capacidad de alojamiento y condiciones de detención en establecimientos penitenciarios” elaborados por el CNPT conforme a los estándares internacionales en la materia. Además, se encontró un uso excesivo del aislamiento, como sanción, pero asimismo como medida para la “protección” de personas en situación de vulnerabilidad o con pedido de resguardo.
Caso Noelia Martel
Señalado por un informe del Comité Provincial de la Tortura (CPT) como “muerte bajo custodia”, el fallecimiento de Noelia Martel de 27 años se produjo el 9 de marzo del año pasado, en la celda N° 3 del Pabellón B de la UC N° 4 de Mujeres.
Su caso se vuelve emblemático no solo como muestra de las violencias sistemáticas que padeció la mujer dentro del Sistema penitenciario sino también por el nulo acceso a la justicia.
Noelia había cumplido 10 años de pena y le restaban tan sólo 2 años de alcanzar su libertad. Su madre después referiría a medios de comunicación que antes de su muerte había realizado numerosas denuncias por los malos tratos que su hija sufría en la misma unidad carcelaria.
La familia reclamó que el cadáver tenía lesiones. Los certificados médicos calificaron al deceso como “suicidio”.
El Comité realizó una reconstrucción a partir de distintas pruebas documentales del caso, tales como que Noelia estuvo sometida a diferentes regímenes estatales de supervisión o de privación de la libertad durante toda su vida. Siendo madre, también su hijo la acompañó en encierro durante sus primeros años de vida.
Sobre la primera detención de la joven madre, el CPT describió que estuvo más de 2 años de encierro, lo que constituye una demora excesiva en el desenvolvimiento y la realización de la justicia, superando incluso el plazo de prescripción del delito que se le imputaba.
En abril de 2013 ingresa al Servicio Penitenciario a la edad de 19 años por una denuncia, que luego de dos años y medio, se transformaría en condena firme por el delito de homicidio imponiéndosele una pena de doce 12 años de prisión.
Inicialmente es alojada junto a su hijo de 1 año y 2 meses en la Alcaldía General, y luego trasladada a la Unidad Carcelaria N°4 de Mujeres de Salta. Noelia Martel presentó diversos pedidos de prisión domiciliaria, todos rechazados. Recurrió además a múltiples habeas corpus, utilizando dicho instrumento legal prácticamente como un libro de quejas donde exponía lo que consideraba injusticias y miserias del Servicio Penitenciario.
El Comité contabilizó entre los numerosos pedidos de acceso a justicia diecisiete (17) recursos de habeas corpus presentados ante autoridad judicial. Se contabilizan además otras veinte (20) peticiones al tribunal y tres (3) pedidos de audiencia.
Otra modalidad de reclamo ampliamente utilizada fueron las huelgas de hambre, contabilizándose un total de doce (12) a lo largo de su estadía y por diversos motivos.
Las sanciones disciplinarias dispuestas por la autoridad administrativa en su contra constituyeron una constante en su estadía en el servicio penitenciario, registrándose un total de ciento quince (115).
Más de trescientos cincuenta (350) días estuvo en celda de aislamiento. La mayoría de las sanciones registradas fueron por falta de respeto a las normas, desobediencia, quebranto del orden, secuestro de objetos prohibidos, negación de requisa, agresiones.
En un escrito de habeas corpus planteó: “También se me hace difícil poder levantar conducta y concepto porque me siento perseguida y discriminada tanto por el Servicio Penitenciario y compañeros del mismo pabellón, ya que vivo en un comunitario donde tengo que aguantar comentarios fuera de lugar por ser homosexual.”