La decisión legislativa de ceder tierras estatales en una zona de alta sensibilidad hídrica no solo desató la resistencia comunitaria Lule sino que además abre un complejo escenario de inconstitucionalidad judicial. Sin la consulta previa exigida por tratados internacionales y bajo la sombra de amparos ambientales vigentes, el caso amenaza con convertirse en un precedente crítico para los reclamos de tierras en toda la provincia.
Andrea Sztychmasjter
La aprobación sobre tablas de senadores provinciales que aprobaron el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar en comodato por 25 años una fracción de la Matrícula 173.675 de Finca Las Costas al Tigres Rugby Club puso de relieve sobre qué intereses defienden los legisladores.
La defensa plena de los territorios indígenas de los Lule comenzó hace más de 10 años. Aquí un breve repaso de estos años.
En el año 1995 a partir un decreto provincial se creó en la zona de la villa veraniega San Lorenzo, la Reserva Provincial Finca Las Costas. Su finalidad, decían, era “la conservación de la cuenca productora de agua más importante de la ciudad de Salta y un sector de bosques montanos”, también el lugar fue elegido por sus paisajes privilegiados para instalar la residencia del entonces gobernador y exsenador nacional, Juan Carlos Romero.
“Aquella fría mañana del viernes 14 cuando se pobló de reclamos la placita ubicada frente al ingreso de la llamada ‘residencia oficial del gober’ a escasos metros de la casa del odiado Cintioni. La gente llevó cartelones y un cuadro con la imagen de la Virgen del Valle. La concentración que prometía ser multitudinaria, se vio reducida a medio centenar de personas. En el Principado de las Costas se enteraron de la rebelión de los vasallos y el día anterior emisarios del Palacio ‘visitaron’ a los moradores casa por casa repartiendo amenazas y promesas para evitar que concurran a la manifestación.‘Vivimos como esclavos y estamos a diez kilómetros de la ciudad”, se reflejaba en una nota periodística de aquellos tiempos”. (Se lee aquí cuartopodersalta.com.ar/para-los-morochos-ni-derechos/)
En aquella publicación se hacía referencia a las intenciones de Bettina Romero y su esposo de desarraigar a los pobladores de sus tierras “para dar lugar a una privatización encubierta que coloque a las codiciadas tierras, ¿en manos de quién?”, se preguntaban.
Sin embargo y pese a la presión ejercida para ser desalojados, los Lule comenzaron una larga batalla, en diciembre de 2004 deciden enviar una carta al entonces Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, “y gracias a la respuesta de él”, relata Teresa Pistón integrante de la comunidad, “pudimos permanecer en nuestros territorios”.
En aquella nota manifestaban “Me dirijo a ud, por el problema que tenemos las familias de la Comunidad Lule de Finca Las Costas, referido a la amenaza de desalojo permanente que tenemos por parte del gobernador, sr Romero, quien desconoce nuestros derechos sobre las tierras de nuestra comunidad. Pretenden inventar causas y deudas sobre las tierras, que ilegalmente han obligado a arrendarlas a muchos de nuestros hermanos, sabiendo que no es posible arrendar nada, ya que la Constitución no lo permite, pues son tierras nuestras. Pretende pagar sus deudas políticas con nuestras tierras, dando a sus amigos parte de los terrenos donde sembramos, cada vez tenemos menos lugar donde sembrar. En Salta parecería que no pasa nada, porque todos los funcionarios de Romero son cómplices de estas maniobras, donde se han llegado a inventar pruebas”.
Veinte años después, la situación se vuelve a repetir, la comunidad Lule es restringida en el uso de todos los recursos que están dentro de su territorio.
Reserva Hídrica sin agua
A pesar de ser considerada zona hídrica desde los años 80’, con la construcción de barrios privados en cercanías de sus tierras, integrantes del pueblo han mencionado que tienen agua sólo dos horas al día.
El gobierno de Urtubey también avaló que, a escasos metros de sus casas, en pleno Finca Las Costas el Jockey Club Salta “se expropiara” de 5 hectáreas, para construir allí un centro deportivo. El gobierno avaló que empresas privadas que construyen casas de lujo, se lleven su agua.
En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos, incluidos los que han poseído tradicionalmente, pero en la actualidad están controlados por otros, de hecho, o de derecho.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recalcado lo siguiente: La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
Asimismo, los derechos de los pueblos indígenas tienen, por definición, carácter colectivo. Dicho de otro modo, se confieren a individuos indígenas que se organizan en pueblos. Aunque también se reconocen derechos individuales, es innovador el grado en que se reconocen en la Declaración los derechos colectivos. Antes de la Declaración, el sistema internacional de derechos humanos había asimilado con lentitud el concepto de concesión de derechos a grupos, excepción hecha del derecho a la libre determinación.
Por lo general, se daba por sentado que los derechos de los individuos bastarían para garantizar una protección y promoción adecuadas de los derechos de proyección colectiva, como el derecho a la cultura. Sin embargo, con la aprobación de la Declaración la comunidad internacional ha afirmado claramente que deben reconocerse los derechos colectivos de los pueblos indígenas para que estos puedan disfrutar de sus derechos humanos.
