La reciente entrevista a María Fígalo, Administradora del Mercado, dejó al descubierto una trama que excede el mero “traslado de puesteros”: expuso el costo real de años de desidia estatal, decisiones intempestivas tomadas bajo la urgencia y un alarmante nivel de incertidumbre para las familias que viven del Mercado San Miguel.
Alquileres de lujo, presupuesto en llamas
El dato más estruendoso de la jornada fue económico: la Municipalidad paga cerca de 50 millones de pesos mensuales por la nueva locación de calle 20 de Febrero. La cifra impresiona no solo por su volumen en un contexto de austeridad, sino porque evidencia cómo la falta de previsión previa al incendio terminó transfiriendo una factura altísima a las arcas públicas.
A este monto se le suma un contrato que supera el año de duración, lo que confirma que las promesas iniciales de una “solución rápida” para la vuelta al histórico predio eran, en el mejor de los casos, un exceso de optimismo, y en el peor, una fantasía para calmar los ánimos.
La paradoja de la estética y la seguridad improvisada
Resulta casi insólito que a dos días de haber habilitado un espacio de 50 millones de pesos, la propia administración tenga que retirar los gazebos instalados porque complicaban la seguridad del lugar. La explicación de la funcionaria —que los pusieron porque “quedaban lindos” para delimitar espacios— roza la ingenuidad burocrática: en un predio adaptado a las apuradas, la estética primó sobre la funcionalidad y la prevención.
El canon fantasma: ¿quién paga la factura?
El punto más crítico de la entrevista ocurrió cuando se le preguntó a Fígalo cuánto van a pagar los puesteros por sus nuevos lugares. La evasiva respuesta («se cobrará lo que corresponda» y «saldrá una resolución oportunamente») encendió las alarmas.
¿Cómo es posible que los comerciantes ya estén trabajando en el nuevo predio sin saber cuánto les va a costar el alquiler del puesto? Pretender que los trabajadores operen a ciegas mientras la Municipalidad liquida una locación millonaria genera una suspicacia inevitable: ¿se trasladará parte de ese abultado contrato comercial al bolsillo del pequeño comerciante?
La herencia de la desidia y el seguro que no aparece
El diagnóstico técnico que justificó el vaciamiento total del mercado —columnas sin basamento y techos vulnerables al viento— no hace más que confirmar que el Mercado San Miguel funcionó durante décadas al borde de la tragedia. Que se haya tenido que llegar a un incendio para descubrir fallas estructurales tan elementales habla de un Estado que históricamente prefirió mirar para otro lado.
Para colmo, la cobertura del seguro sigue empantanada en la Procuración Municipal, sin respuestas claras sobre si la aseguradora responderá o si el siniestro terminará siendo absorbido en su totalidad por los contribuyentes.
La relocalización de los puesteros era una necesidad imperiosa para garantizar el pan de cientos de familias salteñas. Sin embargo, la gestión del proceso deja al descubierto parches costosos, improvisaciones de diseño y, sobre todo, una preocupante falta de transparencia respecto a los costos finales que deberán afrontar los comerciantes. El Mercado San Miguel no solo necesita chapas y columnas nuevas: necesita urgentes certidumbres.
