La presentación, de 26 fojas, fue firmada por los letrados Leonor Russo Pascual y John Grover Dorado, e invoca los artículos 62, 160 y 165 de la Constitución Provincial. El escrito apunta a la titular de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos y también Fiscal de Impugnación de 1ª Nominación, y fue ingresado el pasado 30 de octubre.

Los denunciantes atribuyen a la funcionaria dos hechos que, según argumentan, configuran causales de mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de deberes.

El primero está vinculado a una causa iniciada en agosto de 2024 sobre documentación inmobiliaria y escrituras públicas, en la que se habría solicitado investigar al Instituto Provincial de Vivienda (IPV).

En ese marco, se acusa al IPV de haberse apropiado ilegítimamente de más de 181 lotes en cercanías del centro capitalino. Los abogados pidieron identificar ocupantes, evitar nuevas ocupaciones y frenar autorizaciones de escrituración, especialmente aquellas firmadas por el apoderado José Hubaide, quien habría avalado operaciones sobre terrenos con anotación de Litis.

Según la denuncia, la fiscal Salinas Odorisio no habría impulsado la causa durante más de un año y medio, lo que permitió el avance de ocupaciones y generó perjuicios económicos para los denunciantes. Esta inacción es uno de los ejes centrales del pedido de jury.

El segundo argumento se basa en una presunta incompatibilidad constitucional por el ejercicio simultáneo de dos cargos públicos. Los abogados citan los decretos 650/18 y 718/24, que la designan como Fiscal Penal y Fiscal de Impugnación Nº 1, respectivamente, lo que —según sostienen— violaría el artículo 62 de la Constitución Provincial.

El Jurado de Enjuiciamiento deberá analizar si corresponde declarar admisible la denuncia, correr vista a la fiscal y eventualmente iniciar un proceso formal. Salinas Odorisio es reconocida por su intervención en causas de alto impacto vinculadas a delitos económicos y corrupción administrativa en Salta.