Así lo señaló el defensor de la menor condenada por los Jueces de la Sala VI y acusada de ser la única persona que asesinó a la docente Rosa Sulca en Villa Mitre. Falta de pruebas, negligencia estatal y carencia de pertinencia jurídica.
Por Andrea Sztychmasjter
Una llamada al 911 pidiendo auxilio. Un audio después difundido es la prueba más contundente dijo el Fiscal penal UGAP Leandro Flores, para acusar, imputar y señalar que la menor A.S.S -de 17 años (al momento del asesinato de Sulca)- sea declarada penalmente responsable del delito de homicidio calificado por criminis causae.
El audio sitúa a la menor en la escena del crimen, la coloca como conocedora del peligro que corría Sulca. La joven aceptó haber entrado a robar pero no se reconoció como la asesina de la docente. ¿Hubo alguien más en la vivienda? Es algo que las pruebas presentadas en el juicio realizado durante dos semanas no pudieron determinar y una vez más, quedará una incógnita cuando hablamos de muertes de mujeres salteñas-
Según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), -de acuerdo al análisis de las pruebas ofrecidas y de la investigación policial y fiscal- la menor fue la única persona que ultimó con un cuchillo de su cocina a Rosa Sulca la madrugada del 28 de abril de 2020.
Los jueces de la Sala VI, Mónica Mukdsi (presidenta), José Luis Riera y Guillermo Pereyra (vocales) acordaron y concordaron con el planteamiento fiscal y este miércoles dieron sentencia contra la menor a quien declararon penalmente responsable del asesinato y ordenaron remitir copias del fallo al Juzgado de Menores de Primera Nominación.
Fiscal y jueces junto a la parte querellante representada por Pablo Tort de la Fundación Cintia Fernández (quien además había solicitado que sea condenada con el agravante de alevosía) consideraron que la menor detenida hace 4 años en la Unidad de Mujeres del Penal de Villa Las Rosas, con consumo prolongado de pasta base desde sus 11 años, con una familia disgregada que no estuvo presente en la sala de audiencias mientras era juzgada, víctima de violencia de género y que declaró que quien estuvo con ella el día del asesinato fue Pablo Exequiel Verón, su exnovio; fue la única asesina de quien había sido maestra de su hermana y amiga de su madre.
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Foto Andrea Sztychmasjter
Un abogado que pide la inimputabilidad
Análisis diferente es el que obtuvo el defensor oficial de A.S.S, Miguel Fernando Páez, al realizar su alegato: “en esta investigación se abandonó la perspectiva de género y no se reconocieron algunos derechos que se vulneraron”, dijo en alusión a la situación de su defendida antes, durante y posterior al asesinato de Sulca. Detalló que la menor el día del crimen había consumido “mucha cantidad de droga”, que estaba “sometida y sufría violencia de género” por parte de su ex pareja, imputado en un primer momento y después sobreseído.
Verón de 18 años al momento del crimen quedó detenido e imputado como coautor del asesinato. Incluso el fiscal de ese entonces, Gustavo Torres Rubelt, había agravado la imputación y lo acusaban de femicidio aunque tiempo después desestimaron la acusación fiscal y una jueza de garantías ordenó a pedido de la fiscala penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ana Inés Salinas Odorisio, su sobreseimiento.
Según argumentaba la representante del MPF “del desarrollo de la investigación, y particularmente, de la reconstrucción del evento, no se advierte indicio probatorio alguno que permita aseverar que el acusado haya participado en la comisión del hecho investigado”.
El abogado Fernando Páez aseguró sin embargo que el primer hecho de defensa de su imputada fue su declaración durante el inicio de audiencias de juicio. Allí la joven custodiada por cuatro femeninas del Servicio Penitenciario contó los diferentes sometimientos que sufrió por parte de Verón y denunció que en varias ocasiones la habían hecho declarar drogada.
Páez alegó que su defendida fue cambiando su declaración durante la investigación preparatoria no solo porque se encontraba drogada, algo que sigue haciendo aun detenida- denunció- sino también porque empezó a recibir contención psicológica: “recién ahí pudo reconocerse como víctima de violencia de género”, señaló el letrado.
El abogado recordó en base a la declaración de la menor que la madrugada del hecho la ahora única condenada se reunió con Verón, quien no solo la había violentado corporalmente, sino que ejercía una violencia psicológica que hacían tenerle “temor y miedo”.
Como pruebas de su pedido para que la menor sea declarada inimputable, además del consumo prolongado de sustancia adictivas, de su estado de vulneración social, económica y en su calidad de mujer y menor, el defensor alegó que de acuerdo a detalles de la autopsia efectuada a Sulca, la misma presentaba un hematoma en la zona del cráneo producido a través del golpe de quien la asesinó. Consideró como imposible que la menor con su corta estatura y su bajo peso, su contextura menuda haya podido propinarle los terribles golpes que la mujer presentaba.
Agregó que la tira de un buzo, enganchada en el alambre de la reja de la vivienda de la maestra hallada y analizada por peritos determinó que en la misma se encontraba ADN de la menor y de otra persona. “Allí había material genético de Verón”, aseguró el abogado.
Foto: Diego Chalom
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ANDs sin identificar
Durante una de las jornadas de audiencia en el juicio por el asesinato de Rosa Sulca declararon un licenciado en Criminalística que realizó la inspección ocular en el domicilio de la víctima, en Villa Mitre y una bioquímica que analizó los rastros de sangre.
La bioquímica del Servicio de Biología Molecular Forense del CIF, Alejandra Guinudinik, expuso un informe de las muestras que analizó, que habían sido tomadas de la escena del crimen. Especificó que realizó seis intervenciones de muestras indubitadas. La profesional refirió que de las muestras tomadas hubo células epiteliales que no pudieron determinarse el ADN.
Señaló que se encontraron ADN de Rosa Sulca y de la menor en algunos elementos, pero en otros no fue posible identificarlo por encontrarse perfil genético incompleto como ser los pelos en la mano que tenía la víctima. Precisamente en el cordón de buzo hallado describió: “Había dos perfiles minoritarios mezclados”.
Foto: W.Ch
Joven en el lugar equivocado
En la causa también se encontraba imputado Martín Oscar Laime (26) por encubrimiento agravado, finalmente absuelto por decisión de los jueces.
El joven había sido imputado por el fiscal por haber estado a la mañana siguiente con la menor y acompañarla por su pedido a la casa de Sulca, Según declaró ella, quería ir a ver si la docente se encontraba bien porque recordaba que había estado en la madrugada, pero no recordaba que había pasado.
En su declaración la joven aseguró que ella al ver a Verón tenerla en el piso a Sulca, le gritó que la soltara y él le dijo “Si te metes te mato a vos también”, por lo que salió corriendo. A la mañana siguiente y después de haber estado consumiendo pasta base, cocaína e inhalando poxiran le pidió a Laime que la acompañara hasta la casa de Sulca.
La defensora oficial penal Patricia González, quien también fue la defensora de Verón, aseguró que su ahora defendido no tenía por qué conocer que se había perpetuado un asesinato. Aseguró que Laime pasó 1 año y medio en prisión a pesar de haber desconocido el hecho y solicitó su absolución por el beneficio de la duda.
Responsabilidad estatal: Operarios y Policías
Quienes también se encontraban imputados fueron Marcelo Tintilay Cordeyro, Héctor Roberto Herrera, Gustavo Javier González, Antonio Exequiel Sanhueso, Juan Carlos Vizgarra, Gabriela Valeria Casasola Moyano y Normando Domingo Corbera, por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los imputados se desempeñaban en el Sistema de Emergencia 911 (Centro de Coordinación Operativa y Demanda Ciudadana). Dos de ellos son los efectivos policiales que acudieron al domicilio de la damnificada después de que se comunicó telefónicamente.
Por decisión de los jueces, todos los imputados estatales menos uno, fueron absueltos del delito de omisión de acto funcional, calificación finalmente solicitada por querella y fiscalía.
El único condenado fue Héctor Roberto Herrera quien deberá pagar una irrisoria multa de 12.500 pesos y tendrá inhabilitación especial absoluta para ejercer funciones públicas por el término de un año. Por minoría, el acusado fue absuelto por aplicación del beneficio de la duda.
Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, Gabriela Valeria Moyano Casasola, Héctor Roberto Herrera, Gustavo González, Normando Domingo Corbera, Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, en un primer momento se encontraban imputados por el delito de abandono de persona seguido de muerte, pero la jueza Ada Guillermina Zunino dictó al elevar la causa a juicio autosobreseimiento.
Un Policía abogado
Carlos Fernando Rojas, abogado del área de asistencia letrada de la policía de Salta y representante de Normando Domingo Corbera, fue quien mantuvo el alegato de mayor tenor entre los defensores. Rojas solicitó la absolución de su defendido tal cual fue concedida y denunció la “investigación deficiente”: “Se investiga mal, es preocupante” aseguró.
Señaló que existen grandes ausentes en este juicio e indicó que el primer operador en recibir la llamada fue Pablo Bisón, quien también estuvo inicialmente imputado en la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, pero después fue sobreseído. “Bisón no está acá sentado”, denunció.
Rojas se refirió al audio y principal prueba contra la menor hoy condenada. Si bien el audio es determinante para probar que la joven se encontraba en el lugar del hecho, alegó el policía que se percibe que Sulca al hacer la llamada “es retirada violentamente del teléfono”. Aseguró que Sulca superaba en altura a la menor “es obvio que participó más de una persona en el hecho” y agregó “No se pudo determinar científicamente rastros de ADN” de otras personas levantados en la vivienda.
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Falta de pruebas, negligencia estatal y carencia de pertinencia jurídica sí fue lo que en este juicio se pudo determinar.
El fiscal Flores, la querella y la defensora Patricia González aseguraron que Verón acusado por la hoy condenada de ser el autor del crimen, se encontraba en otro lugar la madrugada del asesinato. Fueron sus propios familiares y amigas quienes declararon que estaba con ellos en ese momento, dijeron lxs abogadxs extraoficialmente.
Además de las pruebas de ADN sin identificar halladas en algunos elementos de la vivienda de Sulca fueron dos las testigos que aseguraron haber visto a Verón junto a la joven en la casa de Sulca tiempo antes de su asesinato, intentando robar con un cuchillo una de las veces.
Fue el defensor Miguel Fernando Páez quien señaló que existe una Justicia machista y que en el caso de su defendida se la investigó solamente a ella por su condición de mujer.
Durante las audiencias los abogados defensores de los operadores del 911 y de los policías criticaron duramente no solo a la investigación fiscal sino también al accionar de la querella: “Si le hubiese importado de verdad saber qué pasó con Rosa tendrían que haber exigido una investigación seria”, manifestó el abogado Nicolás Ceferino Vedia frente a una cámara de un canal de tv.
Durante el hallazgo de Rosa Sulca un perrito que habitaba con ella la acompañó todo el tiempo. Al finalizar el juicio y escuchar la sentencia, defensores y querella hacen algunas declaraciones mediáticas: “Estamos de acuerdo”, “No estamos conformes”, se los escucha decir y pienso que parece que están en un partido de fútbol donde hay ganadores y perdedores, aunque con este tipo de sentencias solo haya perdedores.
